Santo Domingo. – Al único imputado del caso Coral 5G que permanecía recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres ayer le fue levantada la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Tal como sucedió con los demás encartados en el expediente del caso Coral 5G, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la prisión preventiva que pesaba en contra del general Julio Camilo de los Santos Viola, implicado en el caso Coral 5G.
El tribunal alzada, presidido por la magistrada Doris Pujols Ortiz, e integrado por Ramona Rodríguez López y Rafael Báez Ortiz, entendió que el imputado no representa peligro de fuga y que con dicha medida puede seguir asistiendo al proceso que se le sigue.
Al acoger un recurso de apelación incoado por el imputado a través de su abogada Wendy Lora, los magistrados impusieron al encartado arresto domiciliario, la colocación de brazalete electrónico e impedimento de salida del país, sin previa autorización judicial.
La semana pasada esa misma sala varió la prisión preventiva al general Juan Carlos Torres Robiou, disponiendo la misma medida que impuso a De los Santos Viola, al acoger un recurso de apelación de sus abogados Ingrid Hidalgo, Aracelis Aquino y Luciano Hilario.
De los Santos Viola estaba detenido por su supuesta implicación en un entramado corrupto militar en varias instituciones del Estado.
Además del general Boanerges Reyes Batista, en el caso figuran como imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
La supuesta red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.