Santo Domingo – La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República (PGR) firmaron este lunes un acuerdo interinstitucional de cooperación que busca establecer el voto penitenciario para las elecciones generales de 2024.
Mediante el convenio, el órgano electoral y del registro civil proveerá equipos para el empadronamiento y la actualización de información biométrica en los centros de reclusión, así como el uso del sistema multibiométrico en los procesos de consultas e identificación de personas, imputación y reclusos. La PGR tendrá acceso a los mecanismos de consultas en la base de datos de la JCE.
El acuerdo fue firmado en la sede de la JCE por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en presencia de los miembros titulares del Pleno, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario general, Sonne Beltré Ramírez, además del director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.
El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como «un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos» que, aseguró, deben ser garantizados, «no en los papeles», sino de manera real y efectiva.
Jáquez Liranzo destacó la importancia del apoyo para la identificación de la identidad a través del mecanismo de biometría porque permitirá que los reclusos de manera preventiva, que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental salvo lo propio que señala el proceso penal, puedan ejercer el sufragio activo para las elecciones de 2024 como existe en otros países.
Agregó que el acuerdo también permitirá depurar el padrón del sistema carcelario excluyendo a todas las personas juzgadas ya de manera definitiva e irrevocable.
De su lado, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, destacó la importancia del convenio, considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.
«La cuestión del derecho al voto tiene una larga historia de exclusión… Esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación», manifestó.
En el convenio, el Ministerio Público establece que requiere de la implementación de un sistema multibiométrico que facilite la gestión, resguardo y consulta, para fortalecer la identificación de personas e imputados, además del control de los reclusos, en los procesos de investigación, judicialización o de privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutora limitando las acciones de los delincuentes y criminales que traten de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.
En el acuerdo, la JCE se comprometió a apoyar y colaborar con equipos y sistemas informáticos al Ministerio Público.
Para el funcionamiento de la modalidad del acceso a la información, tanto la JCE como la PGR acordaron desarrollar una interfaz de consulta para que el órgano judicial pueda acceder al Archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o actualización de identificación de personas de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la base de datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.
De su lado, el Ministerio Público se comprometió a disponer de las facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica procurando el aprovechamiento máximo, tanto de los equipos como de los mecanismos provistos por la JCE para procurar la identificación e individualización de personas, imputados y privados de libertad.
No es la primera vez
En 2014, el presidente de la JCE de entonces, Roberto Rosario, y el procurador Francisco Domínguez Brito, firmaron un acuerdo con los mismos fines, permitir que los presos preventivos pudieran votar en las elecciones de 2016.
De hecho, se empadronaron 2,027 internos entre mujeres y hombres, pero al final no se implementó.
