Santo Domingo.-El Ministerio Público sustenta la instancia de solicitud de allanamiento contra los implicados en el caso Calamar en testimonios e interrogatorios realizados a al menos siete personas. Una de estas es Francisco Pagán, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe) e implicado en el caso Antipulpo, donde el principal implicado es Juan Alexis Medina Sánchez.
Cabe indicar que el pasado mes de febrero, la justicia dominicana dictó cinco años de prisión contra Francisco Pagán, tres de estos suspendidos. En el proceso del caso Antipulpo, Pagán se declaró culpable y devolvió bienes y dinero adquiridos a través de actos de corrupción administrativa.
Con el testimonio de Pagán en el caso Calamar, el Ministerio Público alega que comprobaron cómo se orquestó toda la estructura de corrupción y como fue operativizada la misma. También señalan que con sus declaraciones se conoció cómo fue el mecanismo utilizado para entregar parte del dinero.
Mientras que con el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo, establecen que comprueban “la estructura, en sus tres niveles”. Asimismo, con las declaraciones de José Arturo Ureña, el órgano acusador establece que pudo comprobar cómo operaba la estructura de corrupción.
Con Bolívar Antonio Ventura indican que probaron “que la estructura de corrupción era liderada por los investigados José Ramón Peralta y Donald Guerrero, los cuales utilizaron las empresas de Bolívar Antonio Ventura para distraer cientos de millones de pesos del patrimonio público, a los fines de financiar la campaña política del investigado Gonzalo Castillo”.
De igual forma, con el interrogatorio de Frixo Medina Arvelo, el Ministerio Público aduce que pudo comprobar cómo funcionaba la estructura que operaba desde el Ministerio de Hacienda para recibir pagos ilegales de los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían máquinas tragamonedas.
Con el testimonio de José Melchor González Calderón, el órgano acusador sostiene que comprobó cómo funcionaban los pagos ilícitos a la estructura para recibir los cobros ilegales realizados por los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían máquinas tragamonedas.
Por último, el Ministerio Público establece que con el interrogatorio de José Pablo Ortiz, comprobaron “cómo funcionaban los cobros ilícitos a la estructura para recibir los cobros ilegales realizados por los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían máquinas tragamonedas y como él se encargaba de la parte operativa de la recogida de estos recursos que recogían en efectivo y que en un mes llegaron a cobrar hasta más de treinta millones de pesos en efectivo (RD$ 30,000 000.00)”.
El sábado el Ministerio Público realizó al menos 40 allanamientos, dentro de una investigación denominada Calamar. Por este caso están detenidos el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; Julián Omar Fernández y Ángel Lockward.
También Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Todos están acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
El Ministerio Público establece que este entramado distrajo más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
En las próximas horas se espera que el órgano acusador presente solicitud de medida de coerción contra estas 19 personas.