Santo Domingo. -La República Dominicana lidera en el avance mundial de WJP Rule of Law Index 2025, al escalar del puesto 86 al 76 entre 143 países y mejorar su puntaje general de 0,49 a 0,50, equivalente a un incremento del 2,1%. Este resultado refleja un fortalecimiento sostenido de las instituciones públicas, con avances significativos en siete de los factores evaluados por el índice, entre ellos los límites al poder del gobierno, la justicia civil y la justicia penal.
El World Justice Project (WJP) es una iniciativa internacional independiente que mide, mediante encuestas a ciudadanos y expertos, el grado en que los países aplican los principios del Estado de Derecho en la vida cotidiana. Sus indicadores abarcan la ausencia de corrupción, el acceso a la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales, entre otros factores.
Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, este resultado “es una señal clara de que la República Dominicana avanza en el fortalecimiento de sus instituciones con base en hechos verificables”.
“El Índice del World Justicie Project no es una competición, es una brújula. Nos muestra dónde estamos y hacia dónde debemos seguir caminando. La mejora de este año refleja el esfuerzo sostenido de jueces, juezas y servidores judiciales que han entendido que la justicia se construye cada día, con datos, con transparencia y con sentido humano”, afirmó el magistrado Molina.
Según el informe, uno de los mayores impulsos al progreso del país en el Índice proviene del fortalecimiento del sistema de justicia penal, que en 2025 registró mejoras significativas en el respeto al debido proceso, la no discriminación, la eficiencia procesal y la ausencia de corrupción. Este avance se asocia directamente a la implementación del sistema de gestión de casos en materia penal a nivel nacional, que ha permitido mayor trazabilidad de los expedientes, mejor control de plazos y reducción de la mora judicial.
La mejora también refleja el trabajo coordinado de la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal, integrada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que ha impulsado mecanismo de interoperabilidad de intercambio de información, formación conjunta y mecanismos de seguimiento para garantizar decisiones más ágiles y coherentes. Además, la percepción de la expansión de los métodos alternos de solución de conflicto, en especial la mediación y los acuerdos, ha contribuido a descongestionar los tribunales y fortalecer la confianza en la justicia.
En cuanto a la justicia civil, el informe subraya una evolución positiva en la agilidad de los procesos, la integridad judicial y la reducción de la percepción de corrupción, gracias a programas de eficiencia puestos en marcha por el Poder Judicial desde 2019 en los tribunales civiles, comerciales, y contencioso-administrativos. La percepción de la consolidación de los mecanismos alternativos de resolución de disputas, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, ha permitido ofrecer vías más rápidas y accesibles para resolver conflictos entre particulares y empresas.
Estas mejoras sectoriales reflejan un patrón común: mayor eficiencia, cooperación institucional y confianza en los procedimientos judiciales, factores que explican el avance de República Dominicana en los componentes del índice vinculados al ejercicio efectivo de la justicia.
El informe también reconoce el papel del gobierno abierto y la transparencia judicial, que se consolidan como fortalezas estructurales gracias a la creación del Observatorio del Poder Judicial y de la Juriteca, plataformas que publican en tiempo real estadísticas y decisiones judiciales. Estas herramientas, junto con la Política de Participación Social y el desarrollo de una Política de Datos Abiertos, han convertido a la justicia dominicana en un referente regional en materia de apertura institucional.
Con esta mejora, la República Dominicana se ubica entre los 16 países mejor posicionados de los 32 que conforman América Latina y el Caribe, y consolida una tendencia de fortalecimiento institucional gradual y consistente entre 2019 y 2025. El reto, de cara a la Justicia del Futuro 2034, es continuar profundizando en una justicia más ágil, más accesible y más transparente, centrada en la persona y en la confianza ciudadana.