Es una decisión trascendental del gobierno la de implantar un sistema para que dos millones de alumnos de las escuelas públicas puedan ser transportados gratis desde sus casas a los planteles, y viceversa.
El proyecto está concebido para resolver, al menos, dos dificultades del alumnado y sus familias: la gratuidad y seguridad en la asistencia a clases, evitando los ausentismos forzosos y los riesgos eventuales de la calle.
Les economiza a muchas familias el gasto de usar autos o motores para transportar a los alumnos y las preocupaciones que se originan cuando estos no pueden asistir a sus planteles, a tiempo y regularmente.
El esquema ha sido estudiado para que, en adición a la facilidad del transporte gratuito, los vehículos estén dotados de sistemas de monitoreo accesibles a los familiares de los alumnos y a los organismos de asistencia en seguridad.
Aunque el decreto que dispone el sistema encarga al Ministerio de Educación de organizarlo y ejecutarlo, creemos que es menester ponerlo en manos de una unidad de expertos en movilidad escolar, siguiendo los patrones ya funcionales de otros países.
La burocracia de Educación tiene muchas cargas de programas esenciales para que se le agregue otra que, por su envergadura y repercusiones sociales, podría desbordar sus capacidades.
Mejor es que se ocupen de resolver los muchos estropicios que se han producido con su monumental fondo del 4 por ciento del Producto Bruto Interno, y dejar que un mecanismo esencialmente de movilidad y de atención de una vasta flotilla de buses sea tarea de un ente técnico especializado.