Por: Manuel Fermín
La Operación Calamar ha servido para desvelar al mundo un repertorio de actos de corrupción cuya consecuencia ha sido una espectacular estafa de dinero público por 19 mil millones de pesos. El trabajo de detección, investigación y obtención de pruebas y la imputación, han sido objeto de acusaciones (algunas muy dañinas) por dirigentes peledeístas y voces y plumas agradecidas de esa estructura básica para delinquir en que se convirtió el gobierno de Danilo Medina.
Ante pruebas tan claras alegan persecución política cuando el propio perfil de esa baronía en el poder se apreciaba con responsabilidades intransferibles en los hechos del saqueo, que ha quedado más que evidenciada, confesada, y que viene a derrotar la escapada argumental de la acusación política, sofisma este utilizado por los que juegan a la apelación exculpatoria del “borrón y cuenta nueva”.
Es comprensible que esta gente jugara a la impunidad, sin embargo, hoy atrapada en esta realidad inesperada y sin mostrar el más mínimo signo de arrepentimiento, en las primeras conclusiones adelantadas del juicio que prevé ser activo y exigente, recurren a añadir presión mediante marchas y la grotesca y ofensiva señal del tumulto callejero buscando la obscena conciencia del perdón.
Han tratado, con abrumador rebote, de provocar en forma desesperada la rotura de la paz pública como denunciara el doctor Marino Vinicio Castillo, involucrado como instancia moral que es, en defensa de los fiscales actuantes, así como otras personalidades del país que han expresado total rechazo al pretendido colapso institucional. La actitud intimidatoria que desea imponer el PLD con el pretexto liberador es totalmente anacrónica.
Esta “Operación Calamar” cuyos quebrantos quedarán historiados como sucesos ominosos de nuestra democracia talvez evite que los partidos políticos sean organizaciones para pillar el Estado. Pero que quede claro no hay que desestimar de ahora en adelante en RD, que el que la hace la paga, sea quien sea.