Santo Domingo.- La Junta de Directores del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) aprobó la participación del organismo en la política de generación de unos 500 mil empleos verdes que se aplicará a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Aprobaron además la indexación de un 8% al salario de los colaboradores activos y pensionados.
La medida implicará la transformación de la matriz de generación de actividades productivas y que se inscribe en las recomendaciones apoyadas por el Banco Mundial.
La disposición fue aprobada a unanimidad por los integrantes del máximo organismo de dirección del Infotep.
En la asamblea, que se hizo de forma presencial y virtual, también se aprobaron resoluciones que acogen la incorporación de nuevos inmuebles, cedidos por el gobierno para incrementar la infraestructura que posee el Infotep en distintos puntos del país.
El tema sobre la creación de empleos verdes en el país, la iniciativa fue presentada por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps y por la viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Milagros De Camps Germán, quien participó como invitada en la reunión.
El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, al referirse a las disposiciones aprobadas aseguró que “la nueva política implicará la transformación de la matriz de generación de todas las actividades productivas, para descontinuar aquellas que tiendan a contaminar el ambiente y a propiciar el calentamiento global, que afecta la capa de ozono”.
Explicó que en el Ministerio de Medio Ambiente existe la disponibilidad de unos 500 mil empleos verdes, con financiamiento del Banco Mundial, en el marco de cuya política el Infotep tiene la responsabilidad de formar y capacitar a los trabajadores técnicos que ocuparán esas plazas.
Respecto a la indexación del 8% al salario de los colaboradores activos y pensionados, se indica que la misma toma de referencia los indicadores del Banco Central de República Dominicana y que será retroactiva a enero, en cumplimiento de la política que adoptó la propia Junta de Directores en septiembre de 2021, que dispone la actualización de la escala salarial cada año, acorde con la inflación.
