SANTO DOMINGO. – El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, mejor conocido como Mimilo, reveló a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que los miles de millones de pesos entregados para financiar la campaña electoral de Gonzalo Castillo fueron exigidos por el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el mismo aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Durante un interrogatorio realizado a Jiménez Collie y que quedó establecido en unas 30 páginas, Jiménez Collie reconoció que recibió RD$ 6,457 millones, de los cuales tenía “váucher” de los retiros de la parte oficial.
Asimismo, declaró que por instrucciones directas del ministro Guerrero, en total le entregó a Gonzalo Castillo RD$ 3,812 millones, dinero procedente del proceso de pagos de las expropiaciones y deuda administrativa.
“Yo recibí ese dinero en fundas selladas del Banco de Reservas, en denominaciones de billetes de dos mil pesos y el 20% aproximadamente en denominación de billetes de quinientos y de doscientos pesos”, admitió Jiménez a los investigadores.
Las cantidades promedio que se retiraban en un día del Banco de Reservas por concepto de las expropiaciones y pago de deuda pública podrían ascender de “cien a cuatrocientos millones”, según testimonió Emilio Jiménez Collie en un interrogatorio al que fue sometido por la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Procuraduría
Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho. Los retiros los hacían en la sucursal del Banco de Reservas, en el Centro de los Héroes.
Aseguró que los dineros los llevaban a la oficina de Gampsa, IV, en la calle José López, Los Prados, y luego el ministro Guerrero le dio la instrucción de que también llevara recursos a una casa por Bella Vista, vinculada al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. En las oficinas de Gampsa IV algunas veces entregaba el dinero al personal que estaba ahí, pero el 70% de las veces se lo entregaba personalmente a Gonzalo Castillo.
Según un comunicado de prensa, Jiménez Collie respondió a las autoridades sobre los pagos que se hicieron en el Ministerio de Hacienda por expropiaciones del año 2016 al 2020.
“Sí, yo tengo conocimiento, bueno, eso se dio porque en una visita el ministro Donald Guerrero me comentó que se estaba haciendo una operación financiera con un señor que se llamaba Melvin, que era un señor que tenía que ver con casa de empeños, y El Cañero que era Alcalde o algo que ver con la recogida de basura de aquel lado, y me dijo que el Estado tenía una deuda producto de la recogida de basura y que se le iba a pagar o se le había pagado una cantidad de dinero y que esa persona iba a aportar el 50% del monto del cobro de la deuda para campaña política”, señaló.
Recordó que en el 2019, el ministro Guerrero le planteó la necesidad de más dinero para la campaña interna (del PLD), en la que participaba Gonzalo Castillo como aspirante presidencial.
“Necesitaba más recursos, y entonces yo le dije que Fernando Crisóstomo tenía los expedientes y entonces a partir de ahí el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, me decía que necesitaba una cantidad de dinero x”, resaltó. Crisóstomo es identificado como socio empresarial de Jiménez Collie.
“Lo que le estoy diciendo es que primero surgía la necesidad del dinero de las campañas de Gonzalo Castillo y luego el ministro Donald Guerrero me hacían el requerimiento, esto lo sé porque me lo decía Donald Guerrero y porque en algunas ocasiones Gonzalo Catillo me llegó a decir lo mismo de que necesitaba que le entregáramos más dinero”, agregó.
El Ministerio Público tiene en curso la Operación Calamar, en la que están involucrados los exministros de las gestiones del presidente Danilo Medina, José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia; de Hacienda, Donald Guerrero y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. La investigación abarca a otras 20 personas. Se les atribuye crear una estructura que desfalcó al Estado con más de RD$ 20,000 millones procedentes del proceso de pagos de expropiaciones y deudas administrativas.
Conforme a la imputación de las autoridades, los encartados están acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.